Cuando Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero concibieron el juicio de amparo en la década de los cuarenta del siglo XIX, lejos estaban de pensar en las serias complicaciones que esta herramienta, para defenderse de las arbitrariedades y abuso del poder por parte de las autoridades, traería en el mismo momento en que se puso en marcha a través del Acta de Reformas de 1848. Trece años después se emitiría la primera ley reglamentaria del juicio de amparo, y ocho años más trascurrirían para la emisión de una nueva ley, denotando la complicada aplicación de este juicio.
Entre 1848 y 1869 se presentaron a lo largo de todo el país diversas solicitudes de amparo, tanto por ciudadanos mexicanos como por extranjeros, civiles o militares, quienes buscaban la protección de sus derechos contra lo que consideraban abusos y arbitrariedades de las autoridades. Algunos de esos casos se presentan en este libro, cuyos expedientes se hallan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Archivo General de la Nación. Constituyen los amparos primigenios resueltos en nuestro país entre 1848 y 1865.
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