El objetivo del proceso penal acusatorio es establecer las normas que deben observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. De esta manera, se contribuye a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del Derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.
Respecto a la transición actual hacia el nuevo proceso penal acusatorio y oral, relativo a los juicios orales, se requiere la profesionalización de los agentes de
policía, federales y locales, ampliamente capacitados y equipados, con conocimiento pleno de las funciones eminentemente preventivas que les toca desempeñar; agentes del Ministerio Público y ministeriales a su cargo, con conocimientos profundos en técnicas científicas de investigación del delito, capaces de garantizar la eficiencia en la procuración de justicia y la confianza de la sociedad; jueces de instrucción, de juicio oral, en justicia para adolescentes, en ejecución de penas, confiables, con conocimientos enfocados a cada una de esas áreas; defensores públicos eficientes y eficaces, que garanticen a la sociedad un cabal acceso a la justicia; abogados capacitados para litigar conforme con los postulados del sistema garantista acusatorio y oral, comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales; y, por último, docentes e investigadores, dispuestos a ampliar y profundizar los conocimientos de la oralidad en materia penal, de acuerdo con el contexto del sistema jurídico nacional.
Es muy importante considerar que no existe la fórmula para terminar con los problemas que surgen del proceso penal acusatorio y oral, mucho menos la clave para eliminar los errores en dicho proceso. En el caso de una reforma legal, nunca se ha sabido que haya tenido éxito en cuanto a la aplicación de la justicia y equidad necesarias para terminar con la impunidad y la corrupción, asimismo para lograr el profesionalismo de jueces especializados en la materia requerida y que apliquen la ley. El tiempo, finalmente, determinará el resultado de la implementación del proceso penal acusatorio y oral en México.
