La inseguridad ha campeado en los últimos años, también es notorio que no se han encontrado a pesar de leyes, planes, comisiones, iniciativas, reformas y contrarreformas, discursos y asambleas soluciones suficientes para contener la ola de criminalidad. Entre las soluciones planteadas forman fila la reforma constitucional de 2008 sobre seguridad y justicia penal y los ordenamientos derivados de ella, a la cabeza el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este libro ofrece un panorama general de las principales novedades aportadas por dicha reforma constitucional. El autor reconoce y aborda novedades plausibles, entre ellas la afirmación de los derechos del imputado y de la víctima y el establecimiento de nuevas figuras judiciales, pero al mismo tiempo comenta otras soluciones que a su juicio han sido desacertadas. De esta manera, ofrece sus puntos de vista sobre el itinerario seguido por la regulación del procedimiento penal mexicano en nuestros días (hasta el final de 2017), con la suma de las figuras progresistas y garantistas, y los desaciertos y las desviaciones autoritarias o disposiciones que ensombrecen la justicia penal. Asimismo, estudia los textos originales de este nuevo derecho, así como las reformas que fueron practicadas al poco tiempo de su vigencia, especialmente las muy numerosas incluidas en 2016 en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
