Ante la problemática que sufren las víctimas ambientales y la falta de un régimen regulatorio institucional que permita contemplar plenamente la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la materia, el presente libro busca proponer una estructura jurídica e institucional que sirva para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano en México, en especial el que se ha reconocido por el Sistema Interamericano a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto cabe entonces hacer las siguientes preguntas: ¿está internacionalmente obligado el Estado mexicano a garantizar y proteger los derechos humanos? ¿Está internacionalmente obligado a proteger el derecho Humano a un medio ambiente sano? ¿Estas obligaciones conciernen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Son justiciables los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? ¿El Sistema Interamericano, y en particular la Corte, ha emitido resoluciones o sentencias tendientes a proteger el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Estas sentencias qué naturaleza tienen y cómo impactan al Estado mexicano? ¿Qué ha hecho México para avanzar y evolucionar en la promoción y protección de los derechos fundamentales? ¿Qué efectos jurídicos tienen esos avances respecto a las obligaciones internacionales que ha contraído en materia ambiental? ¿Su marco jurídico e institucional es suficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionales y convencionales en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Existe un riesgo inminente de que el Estado pueda incurrir en responsabilidad internacional por no garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Qué es lo que debe hacer al respecto en términos jurídicos e institucionales y cómo puede garantizar sus obligaciones internacionales en la materia?
En este sentido, a lo largo del presente libro, se analizarán una serie de casos nacionales que evidencian la inminencia de la posible responsabilidad internacional del Estado y, por lo tanto, la urgente necesidad de contar con un mejor marco jurídico e institucional que garantice el Derecho Humano a un medio ambiente sano.
