Esta obra se integra con estudios de dos juristas que cuentan con una amplia experiencia en la procuración y administración de justicia, así como en la protección de los derechos humanos en ese ámbito, escenario de graves riesgos para los ciudadanos y el conjunto de la sociedad. Los autores analizan temas de evidente importancia y actualidad, vinculados con las más relevantes reformas que ha recibido el sistema de justicia penal en México.
En su texto el doctor García Ramírez menciona los antecedentes y los datos primordiales de la reforma penal constitucional de 2008, y examina varias medidas, políticas y disposiciones que han modificado puntos relevantes del sistema penal y generado peligros severos para los derechos y libertades de los ciudadanos. Entre ellos destaca las disposiciones constitucionales relativas a la seguridad pública; a la llamada prisión preventiva oficiosa; a la privación de dominio, sujeta a un procedimiento que no ofrece las garantías inherentes el enjuiciamiento penal ordinario, así como otra reformas recientemente incorporadas en la legislación federal y local.
Por su parte, el doctor Silva Meza pone el acento en la misión de los juzgadores como garantes de los derechos fundamentales. Reivindica la independencia judicial, elemento básico para la recta administración de justicia, y lleva adelante un balance del sistema acusatorio, sus logros y sus retos. El autor invita a mantener constante la evaluación puntual y objetiva del sistema, considerando su aplicación en la práctica cotidiana. Asimismo, cuestiona las críticas ligeras que se han dirigido en contra del Poder Judicial desde diversos frentes, entre ellos los otros poderes del Estado mexicano.
