Los intentos por erradicar las arbitrariedades y malas prácticas en el procedimiento penal mexicano a través de reformas constitucionales es una constante histórica. La estrategia más radical ha sido, precisamente, la de establecer un sistema acusatorio oral público, con presencia del juez en las audiencias (inmediación) y la alternativa del jurado, tal como ocurrió con la reforma constitucional de 1917.
Como sabemos, la referida estrategia falló debido a múltiples factores; entre ellos destaca el factor político (presidencialismo), lo cuál dio como resultado una escandalosa distorsión del procedimiento penal en la práctica forense durante el siglo XX y principios del siglo XXI.
Ante un escenario similar de malas prácticas, casi un siglo después, la estrategia se repite, pues mediante la reforma constitucional de 2008 se continúa con el sistema acusatorio oral, público y con inmediación. Ahora se elevan a rango de principios rectores la publicidad e inmediación y se incluyen los de contradicción, concentración y continuidad.
Desde una perspectiva histórica, es probable que se distorsione nuevamente el procedimiento penal debido a la presión social (inseguridad pública) y al factor político (presidencialismo-populismo). Esperemos que esa distorsión no sea escandalosa.
