El sistema de justicia penal en México castiga mayoritariamente los delitos menores y a las personas en situación de pobreza. Esto no es nuevo, pero hay que añadir que a partir de los años noventa se empezaron a endurecer desproporcionadamente las sanciones penales para cualquier tipo de delito y también se empezó a perseguir con más ahínco el consumo de drogas, lo que irremediablemente provocó un notable incremento de la población carcelaria en el país. Todo esto no es casual y responde a un modelo de justicia penal y penitenciario sumamente punitivo que viene de Estados Unidos y que está estrechamente relacionado con el triunfo del neoliberalismo en la década de 1970. Estas políticas criminales que adoptaron los diferentes gobiernos de México en los últimos 30 años, sólo pretenden controlar el delito con la cárcel, pero sin atender los factores socioeconómicos, que en la mayoría de los casos son los que determinan la actividad delictiva de las personas que están encarceladas.
