La Dirección de Investigación del Instituto Profesional Educativo del Sureste (IPES), de reciente creación, tiene la misión de generar una corriente de pensamiento pragmático, que permita mejorar la aplicación de los instrumentos normativos para resolver los conflictos de relevancia jurídico-social; corriente que acude a aquellos constructos consolidados en las ciencias jurídicas, como los casos de la teoría de los derechos humanos, la teoría de la argumentación jurídica, la teoría del conflicto, la teoría del proceso, la teoría de la prueba y, en el caso concreto del derecho penal, la teoría del delito.
En esa inteligencia, en la presente obra se han convocado a investigadoras e investigadores especialistas en justicia restaurativa y violencia familiar, para efecto de fundamentar que, en la actualidad, las víctimas del delito de violencia familiar pueden ejercer el derecho a elegir y acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que las autoridades, entre ellas el Ministerio Público y los jueces, deben informarles de dicho derecho y, a su vez, garantizar su ejercicio.
En efecto, el artículo 17, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, con el agregado de que, en materia penal, regularán su aplicación, asegurando la reparación del daño en los casos establecidos para los que se requiere supervisión judicial.
