La expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales es una gran oportunidad para los juristas mexicanos y para el conjunto del sistema jurídico mexicano. Se trata de un intento muy serio que persigue el siempre loable objetivo de mejorar de manera sustantiva nuestro proceso penal. A partir de su expedición se generan grandes retos de distinta naturaleza, ya que habrá que capacitar a los distintos actores, construir salas de audiencia oral, desarrollar sistemas que permitan la efectividad de las salidas alternas al juicio, mejorar la capacidad de respuesta de policías y ministerios públicos, y un largo etcétera.
Para que el nuevo procedimiento penal sea efectivo en la práctica también se van a requerir nuevas capacidades en sus actores principales. Será indispensable, por citar las más evidentes, un buen manejo de la argumentación jurídica, un dominio preciso de la teoría del caso, un desempeño sobresaliente en materia de oratoria forense y un largo etcétera. Los abogados mexicanos deben prepararse con seriedad y rigor, ya que se trata de uno de los más grandes desafíos de la profesión jurídica en los años recientes.
Pero el requisito primero para que todo eso pueda darse reside en el simple hecho de que las normas del nuevo Código y la interpretación que de las mismas han hecho nuestros tribunales federales sean conocidas y difundidas con la mayor profundidad y amplitud que sean posibles. Este es el objetivo que se propone la presente publicación.
