El neoliberalismo globalizador en el cual se encuentra México inmerso, trae diversas consecuencias sociales desalentadoras para las personas. Las más importantes se materializan en la Economía y en el Derecho con el fin de que el ejercicio del poder económico mantenga su hegemonía sistémica a costa de los que menos tienen.
Mediante un plan de neutralización y eliminación de los disidentes, la norma jurídico-penal y los Derechos Humanos se convierten en estructuras sistémicas que se conjugan operativamente para cumplir el fin ultimo sistémico: La acumulación de capital incesantemente y la exclusión-eliminación de todos aquellos que no permitan su dinámica sistémica.
En este orden de ideas, esta obra analizará a partir de dónde se da la operatividad sistémica en conjunción del Derecho Penal del Enemigo y de los Derechos Humanos, con el fin de que ambos se constituyan en una herramienta eficaz para instalar y proteger el modo de producción neoliberal, mediante la creación de normas que permiten la vigilancia, el control y el equilibrio de este sistema político-económico.
Con base en ello, el lector aquí encontrará el análisis de dos entes sistémicos a nivel internacional que suscitan la restricción y violación de Derechos Humanos en el mundo: la Ley Patriota y al Grupo de Acción Financiera; así como la injerencia que éstos tienen a través de los países pobres mediante mecanismos ideológicos-jurídicos; los cuales tienden a violentar los derechos humanos de las personas y al mismos tiempo los conminan a incluir dentro de sus legislaciones al Derecho Penal del Enemigo y a las restricciones en materia de Derechos Humanos, construyendo una realidad social con base en normas jurídicas ideológicas de Terrorismo, Delincuencia Organizada y Lavado de dinero.
En este libro abordaremos a los Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y al Derecho Penal del enemigo en La ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Identificación y Prevención de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita, así como el Código Penal Federal.