En los últimos diez años, Latinoamérica experimenta una reforma a su sistema de justicia penal que va más allá del cambio de un texto procesal por otro. Por el contrario, implica todo un cambio en la gestión de la justicia penal, donde el juez deja de ser el actor exclusivo y excluyente, pasándose a un protagonismo compartido con los demás sujetos procesales.
Claro está que este protagonismo no puede ser ajeno al marco de respeto de los principios y garantías procesales, propios de un Estado social y democrático de Derecho; donde la ideología del proceso penal no debe por qué debatirse entre la eficiencia y el garantismo; por el contrario, ambos confluyen en el mismo sistema de justicia penal: la lucha contra la delincuencia, desde la prevención hasta la reacción, es perfectamente eficaz, aun respetando los principios y garantías procesales, reconocidos en la Constitución Política de cada Estado, así como, en los tratados internacionales.
Sin embargo, todas estas expresiones que dotan de contenido a la justicia penal, requieren de todo un proceso transformador, que vaya desde la sociedad hasta los propios instrumentos que la regulan y protegen. En ese sentido, para los autores ha surgido la inquietud de: a) analizar todos los procesos de reforma en los países latinoamericanos; para luego, b) elaborar el fundamento o paradigma del sistema procesal que se está adoptando en Latinoamérica; para continuar, c) analizando el rendimiento del paradigma que le imputamos al sistema procesal, en ámbitos concretos tales como: los roles de los sujetos procesales, la teoría del caso y los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal.
No obstante, somos conscientes que tamaña empresa excede, de lejos, el contenido de un solo libro; por lo que, y atendiendo a razones didácticas, se observa como conveniente separar cada uno de estos estudios en libros independientes, pero que respondan a una unidad de pensamiento.
En ese sentido, el objetivo del presente estudio, consiste en describir el proceso transformador de la justicia penal en quince países latinoamericanos, incluyendo México, con su reforma, en el ámbito de su Constitución Federal, de junio de 2008.
