En algunos sectores de la sociedad existe la percepción de que la reforma constitucional en materia penal de 2008 es letra muerta. Sus detractores señalan que esta reforma se halla lejos de los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía y apuestan a su desmantelamiento
¿Aciertan en su diagnóstico y vaticinio? Todo indica que no: lo que la reforma ha encontrado en su camino, ciertamente, son obstáculos para su implementación. Nada más.
En esta obra, coeditada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), se analizan y proponen diversas políticas públicas de carácter multidisciplinario, que buscan plasmar en la legislación secundaria y en las acciones de los tres niveles de gobiernos el conjunto de los lineamientos introducidos en la reforma.
Se analizan, asimismo, las experiencias exitosas de naciones como Chile, Colombia y Costa Rica, al momento de instrumentar sus correspondientes procesos en reforma penal, y se localizan los escollos más significativos que han impedido que la reforma prosiga su camino de forma progresiva. Finalmente, se hace un ejercicio para cuantificar el costo social y económico de la discrecionalidad y corrupción en el sistema de justicia penal en México. Los autores de este libro -¿hay que decirlo?- apuestan por el éxito de la reforma.