Ante la imperiosa necesidad de enfrentar la delincuencia más grave de alcance internacional se adoptó en 1998 el Estatuto de Roma, que finalmente entró en vigor cuando 60 países lo ratificaron en 2002. Este tratado fue el fundamento jurídico bajo el cual se instituyó la Corte Penal Internacional como tribunal independiente encargado de juzgar a personas acusadas de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. La gran mayoría de los países del mundo se adhirieron inmediatamente en calidad de Estados Partes, con excepción de Estados Unidos, China e Israel, que ponían en tela de juicio la legitimidad del organismo. México firmó su adhesión pero no la ratificó, pues se argumentaba que la CPI contravenía los ordenamientos del artículo 21 de la constitución Política en materia de soberanía y no intervención.
En este libro, García Ramírez analiza los principales puntos del debate que dio lugar a la instauración de la Corte Penal Internacional. Reflexiona además sobre la pertinencia de que México ratificara en su momento el Estatuto de Roma, para así ingresar en ese sistema de justicia penal internacional. Se examinan aquí las virtudes y deficiencias de dicho tratado, así como la jurisdicción internacional desde la perspectiva del Estado mexicano con atención a la preservación de los valores y principios de nuestra nación, que finalmente ratificó el Estatuto de Roma en 2005.
