En el contexto internacional, el concepto de Justicia Terapéutica (TJ) no es nuevo, en 1987 los profesores en Derecho, David B. Wexler y Bruce Winick, lo definieron como el estudio del papel y del impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Si bien los inicios de la TJ se ubican en Estados Unidos, en la actualidad se cuenta con experiencias y prácticas muy valiosas especialmente en Canadá y Australia, aunque con un crecimiento importante en otros países. De hecho, existe una Red Internacional de TJ que tiene como propósito la generación y difusión de conocimiento científico en esta área a través de publicaciones y realización de eventos académicos especializados. En este sentido, se han realizado tres conferencias internacionales sobre TJ: la primera tuvo lugar en la Universidad de Southampton en Winchester, Inglaterra, en 1998; la segunda, en la Universidad de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos, en 2001; y la tercera en el Instituto Australiano de Administración Judicial en 2006. Cabe mencionar que se ha contado con la participación de profesionales e investigadores de diferentes disciplinas: abogados, jueces, magistrados, psicólogos, psiquiatras y criminólogos, entre otros.
Así, los aportes que se han formulado para la impartición de justicia a través de la TJ y los lugares donde se ha implementado han demostrado efectos positivos y muy prometedores. El trabajo que han desarrollado diferentes especialistas e instituciones ha dejado en claro el valor de los esfuerzos interdisciplinarios y la necesidad de continuar en esta tarea. La publicación previa de artículos y manuales dirigidos específicamente a jueces y magistrados, así como aquellos orientados a los diferentes interesados en el tema demuestran las posibilidades de la TJ y las bondades de su aplicación. Bondades que se reflejan en una cultura del respeto y del cuidado del otro en el marco de la legalidad, y que impactan en el cumplimiento de la observancia de los derechos humanos, en el mejoramiento de la percepción de los ciudadanos con respecto a la justicia y su impartición, pero sobre todo en la calidad de vida de las personas involucradas en los procesos legales, reduciendo el sufrimiento innecesario y procurando potenciar los efectos terapéuticos positivos de la ley en las personas.
