El objetivo de la presente obra es demostrar que la ciudadanía sí tiene un interés legítimo que puede ser ventilado en instancias judiciales para obligar a que todo aquel que utilice recursos públicos lo haga de manera debida, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, y en caso de no ser así, se inicien los procedimientos tanto resarcitorios como administrativos y penales.
En sus páginas, el autor explica en qué consiste el derecho humano a una rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso público, así como su base jurídica. Considera que sólo mediante dicha práctica es posible lograr la tutela de otros derechos como los denominados "sociales" o "prestacionales", que a final de cuentas son auténticos derechos fundamentales y/o humanos, que gozan de plena justiciabilidad, como los derechos a la protección de la salud, a la educación, a la alimentación, entre otros, los cuales son esenciales para el desarrollo de la persona humana.