El objeto del derecho penal es posibilitar la convivencia pacífica de la comunidad a través de la sanción de comportamientos que afectangravemente los bienes, los valores y los intereses más importantes para la sociedad. Se legitima la intervención del derecho penal cuando se lesiona o se pone en peligro bienes jurídicos. La libertad es un derecho fundamental que posee toda persona, por tanto, solo podrá restringirse legítimamente, es decir, solo se podrá encerrar a una persona en una cárcel cuando sea absolutamente necesario para prevenir o para sancionar un comportamiento reprochado. De esta consideración surge siempre la interrogante de si el legislador, cada vez que echa mano del derecho penal, realiza un uso adecuado del ius puniendi y, en los casos, como el que convoca este libro, si con las medidas penales se logrará los fines deseados: prevenir los comportamientos de agresión que suponen el acoso y el chantaje sexual.
