Si bien en las políticas públicas existen significativos esfuerzos para mejorar la gestión gubernamental, éstos no resultan suficientes, entre otros, por debilidades en los controles internos poniendo en riesgo los recursos y bienes asignados a las entidades; deficiencias en la designación de los funcionarios, primando el criterio de la confianza por encima de la capacidad, idoneidad y las cualidades personales; y la improvisación en la conducción de la entidad, sin un horizonte claro en cuanto a su proyección a un determinado plazo, aspectos negativos que contribuyen a la corrupción en el aparato estatal, y la consiguiente falta de credibilidad en las autoridades y la afectación en la imagen institucional.
