Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fueron consagrados en el Acuerdo de Escazú, que es el primer instrumento regional, latinoamericano y caribeño, jurídicamente vinculante en materia ambiental, con una perspectiva de derechos humanos, que explicita la relación de interdependencia entre éstos y el logro del desarrollo sustentable y el derecho humano a un medio ambiente sano. Es, además, el primer acuerdo vinculante en el mundo en incorporar disposiciones específicas para la protección y defensa de los defensores de derechos humanos en temas ambientales, lo que representa un hito a nivel mundial.
Una vez entrado en vigor el Acuerdo de Escazú, será ley nacional y por tanto de ejecución obligatoria y será norma suprema en todo lo relativo a los derechos humanos, por lo que resulta fundamental conocer sus alcances y sus posibles implicaciones para México, particularmente en materia de acceso a la justicia, pues sus disposiciones representan una verdadera hoja de ruta para países como México, que se encuentra muy lejos de garantizar este derecho.
