Las demandas de los pueblos indígenas por el respeto pleno a su identidad cultural en la que se encuentra el ejercicio de sus sistemas jurídicos, son uno de los litigios más importantes que enfrenta el Estado nacional contemporáneo como modelo político-jurídico.
El Estado, como formalización jurídica del pacto político, surge para proteger a sus habitantes de la violencia ejercida por otros individuos o grupos más fuertes. El fortalecimiento de las democracias contemporáneas se encuentra íntimamente vinculado a la incorporación de los derechos fundamentales.
El desafío es lograr una sociedad plural y equitativa en un Estado que garantice la participación de todos sus ciudadanos en la vida pública nacional sin la dominación del grupo mayoritario, en el que las diversas culturas convivan armónicamente eliminando la discriminación y segregación de nuestros pueblos indígenas, hasta ahora invisibilizados, considerados como inferiores, incapaces de ejercer su autonomía a pesar del reconocimiento nacional e internacional de este derecho.
La limitante principal ha sido la incomprensión de su cosmovisión con los postulados de derechos humanos, por lo que es necesario realizar un acercamiento analítico más puntual a la falacia de la tensión entre el derecho positivo y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en el marco de los derechos humanos.
