Existe hoy una problemática recurrente, en materia de administración y procuración de justicia, la de haber formado, casi generalmente, juzgadores que aplican, al resolver los conflictos, el principio de legalidad; pero no imparten justicia, en ocasiones distorsionan la verdad y generan una falacia sobre los hechos controvertidos o la realidad vivida por una persona, victimizada frente a su agresor. Este criterio dominante, debe cambiar, inhibir los estereotipos de género, el machismo y/o la discriminación contra las mujeres, para dictar una sentencia. Así, cobra impacto la concepción actual de juzgar con perspectiva de género.
La reforma sobre derechos humanos, de junio de 2011 hace explícita la obligación de las autoridades mexicanas, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin distingo de género, para evitar resoluciones sexistas y discriminatorias. En esta obra, el lector encontrará las herramientas, protocolos, acuerdos de comités Interinstitucionales, así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Acuerdos y Tratados internacionales, para que se conviertan en la pauta, para resolver cuestiones de niñas, adolescentes y mujeres de cualquier edad, quienes además de una justicia pronta y expedita, buscan un horizonte promisorio para el respeto a sus derechos humanos; se pretende que al juzgar, los órganos jurisdiccionales consideren las especiales circunstancias que conlleva el conflicto donde las perjudicadas son seres humanos ya victimizados. Para ello, es necesario cambiar la mentalidad de quienes resuelven y esto se logra con una deconstrucción de los conceptos tradicionales.
La autora presenta algunos casos concretos de mujeres violentadas, en los cuales se aprecian avances en la labor de juzgar con perspectiva de género, presentando un mejor horizonte en esta materia, hacia el futuro; y tratar de resarcirles los daños sufridos, aun cuando en algunos casos, los daños son irreversibles. Se destaca la importancia de cambiar la cultura y formar a quienes tienen la fundamental labor de dictar resoluciones; igualmente proyectar medidas y políticas públicas que hagan justicia y no sólo apliquen la legalidad. Esto es lo de hoy: juzgar con perspectiva de género.
