La tortura constituye sin duda una conducta delictiva que resulta incompatible con los estándares que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho vigente en la amplia mayoría de las democracias occidentales. Dicha violencia física o psicológica infligida por representantes del poder estatal constituye no sólo un ilícito penal según los Textos punitivos internos, sino que, al mismo tiempo, contraviene la normativa internacional aprobada en la materia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la evolución cuantitativa y, sobre todo, cualitativa producida en determinados ámbitos de criminalidad, incluyendo la violencia terrorista, ha hecho que en no pocos países democráticos se haya discutido sobre la eventual legitimidad de la denominada «tortura de rescate», a saber, aquellos casos en los que las partes implicadas no se reducen únicamente al torturador y al destinatario de la violencia estatal, sino que más bien cabe hablar de una constelación triangular, en la cual hay que incluir también a la víctima cuya vida se encuentra en serio peligro debido a la acción cometida por la persona detenida, destinataria directa de la tortura. Teniendo en cuenta estos precedentes teóricos, el objetivo del siguiente trabajo se centra en analizar la posible justificación de la «tortura de rescate» a partir del legendario caso «Jakob von Metzler», ocurrido en Alemania en el año 2002. Para ello, el análisis va mucho más allá de una perspectiva exclusivamente jurídico-penal, abordando más bien la problemática desde aspectos tan diversos a la vez que relevantes como son la Criminología, la Ética, el Derecho internacional, el Derecho policial o el Derecho constitucional.
