Durante siglos, psiquiatras, forenses, criminólogos, policías, juristas y jueces compartieron un itinerario que, pese a aparentes contradicciones y polémicas, señala una alianza que favorece espacios de exclusión social: reclusión, encierro y otras prácticas asilares por las cuales los "locos" eran enterrados de por vida en dispositivos institucionales donde la rutina era el castigo fisico y moral, y el hacinamiento -cárceles, hospicios, conventos, instituciones de caridad o lugares compartidos con prostitutas y delincuentes-, y entre todos "se reparten la responsabilidad del secuestro de los insensatos". El marco regulatorio englobaba hasta no hace mucho tiempo a pródigos, locos, libertinos, prostitutas y delincuentes. Los vocablos "locura", "peligrosidad", "enfermedad", "reclusión (por razones superiores de seguridad)", "exclusión", "demente", "insano", "alienado", "lunático", "furioso", "inimputable", "insensato" e "incapaz" siguieron empleándose indistinta o confusamente para justificar el modelo cruel de encierros institucionales y la violación sistemática de los derechos fundamentales.
Gradualmente empezaron a transitarse otras vías, marcadamente transformadoras, que buscaron infructuosamente -durante los años sesenta y setenta- moldear un presente que preparara un mejor futuro una historia que en el campo psiquiátrico se vio plagada de luchas, avances, pérdidas, voces y silencios. Se intentaba que el sufriente mental dejara de ser el paciente institucionalizado para convertirse en la persona, el ciudadano. Hoy de esta época se habla muy poco. La transformación legal en este campo de la salud mental -recuperación de derechos, ciudadanía y calidad de vida-, especialmente la vigencia de la Constitución Nacional y la protección de los derechos básicos -cuya culminación sería el fin del modelo manicomial- debiera ser hoy un clamor, en tanto "la salud mental representa una de las últimas fronteras que es preciso franquear para mejorar la condición humana"
Pese a estos vaivenes históricos, -las víctimas personas frágiles, vulnerables- se transforman en titulares de derechos y garantías. La normativa tutelar se expande, y los tribunales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación -más allá de los vacíos del derecho privado-, procuran salvaguardar los derechos de los pacientes mentales.
Infortunadamente, puede afirmarse que el mundo de la locura, asociado a las instituciones "totales", es funcional a intereses espurios; el modelo asilar-origen de verdaderas detenciones- es fuente de lucro y de negocios. Mientras los valores constitucionales protegen la libertad, la autonomía, la dignidad, la no discriminación para todos, miles de pacientes cronificados siguen hospitalizados sin derechos. Sin embargo, la mayoría de los profesionales de la salud mental manifiestan un profundo respeto por la dignidad y los derechos de sus pacientes y despliegan las buenas prácticas en sus cotidianas prescripciones. A ellos está dedicado este libro, que sólo pretende movilizar a los interesados, generar un espacio de reflexión, e impulsar la actividad estatal para que el tratamiento de estas personas honre a nuestra democracia.
Consciente de la complejidad del problema, en una reciente publicación me fue dado considerar los temas que plantea la tutela juridica de los pacientes mentales desde el derecho público: ahora, el presente trabajo se extiende a los aspectos que conectan a estos pacientes con los profesionales en la práctica cotidiana, desde el punto de vista de sus relaciones jurídicas.
