En la política interior de los Estados Unidos de América, siempre han destacado dos controversias: conciliar el secreto de la burocracia con el gobierno democrático, y el problema, igualmente espinoso, de avenir la facultad de revisión del poder judicial con la democracia representativa dentro de una constitución escrita. La prominencia del ideal político del derecho del público a la información, se debe precisamente a que toca de un modo muy cercano, estas dos controversias. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el derecho del público a la información fue defendido por la prensa y en el Congreso; se combatieron indicios de tendencias de la administración a mantener secretos y se promulgaron una cantidad impresionante de leyes tendientes a asegurar la accesibilidad y la responsabilización del gobierno. Este derecho del pueblo a la información también surgió en el seno de los elementos de la interpretación constitucional. En los años 1970 tuvieron lugar los que fueron probablemente los litigos de más trascendencia en cuanto a la Primera Enmienda, en los cuales participaron miembros de la prensa que reclamaban privilegios especiales y derechos constitucionales de acceso a información y a instalaciones del gobierno como para vindicar el derecho del público a estar informado.
Esta obra examina el derecho del público a la información en términos de política constitucional; es decir, en términos de derechos constitucionales interpretados y hechos valer por la Suprema Corte.
David M. O'brien
