La cuestión de la presidencia, por lo que atañe a sus deberes, sus responsabilidades y sus limitaciones, debería, a mi juicio, establecerse no al calor de los actos que con frecuencia surgen durante el período de su desempeño, sino a la luz de un pausado estudio, libre de toda tendencia, estrictamente ajustado al punto de mira del historiógrafo y del legislador. Mientras un ex presidente puede no ser el juez más exacto en el campo ele la legislación que la constitución le asignara, los puntos de vista que en su calidad de actor exponga han de contribuir, sin duda, a resolver las cuestiones que se vayan presentando. A esto debo añadir que el alejamiento del poder por un lugar de estudio y contemplación, más bien que de movimiento, modifica un tanto el punto de vista formado en la acción del trabajo oficial, y esto evidencia la importancia que tiene el insistir sobre las limitaciones constitucionales, a la par de que esas limitaciones sean de cuando en cuando interpretadas por otra rama del gobierno que aquella a cuya acción han de ser aplicadas.
Me inclino fuertemente a creer, empero, que habría sido un paso más acertado extender el término presidencial a siete años en lugar de cuatro que es ahora en Norte América y prohibir que el presidente fuera reelecto. Este cambio imprimiría al ejecutivo mayor confianza e independencia en el desempeño de sus obligaciones, y de esta manera todo ese absorbente interés desplegado en la reelección por aquellos empleados públicos cuya permanencia depende de él, desaparecería por completo, asegurando así el buen cumplimiento en la administración hasta el último día de su período.
Creo además, que otro gran paso sería colocar al presidente en relación más estrecha con el congreso al iniciarse el período legislativo y sus debates, sobre todo por lo que se refiere a los asuntos del presupuesto y a la administración económica del gobierno. Pero vivimos en una edad de iconoclastas, y si surge un movimiento que de fuerzas para introducir una pequeña reforma que la experiencia aconseja y sostiene, los beneficios que de ella pudieran derivarse, podrían ser a su vez excedidos por el peligro que encarna un cambio radical en la Constitución, subversivo de los grandes servicios que le ha asegurado al pueblo norteamericano.
William H. Taft
