En otro trabajo' apuntábamos que el principio de oportunidad es un instrumento jurídico-procesal que se expande a velocidad vertiginosa en las reformas que recientemente se han consolidado y en las que actualmente se introducen a los sistemas de justicia penal en Europa y Latinoamérica. Aunque su admisión en los sistemas penales angloamericanos es ya de vieja data, hoy adquiere una generalización en su aplicación hasta hace poco tiempo desconocida y todavía insuficientemente comprendida en los sistemas judiciales de origen continental.
La obligatoriedad, irretractabilidad e indisponibilidad de la acción penal que ha caracterizado al proceso penal continental han sufrido un cisma y los cimientos de su dogmaticidad se han visto conmovidos.
El principio de legalidad en su formulación clásica busca a toda costa llegar a la imposición de una sanción penal a quien ha infringido la ley, empero, al enfocar el juicio sobre el funcionamiento del sistema en cada uno de los casos que han excitado el ejercicio de la acción penal, el balance general-final es absolutamente insatisfactorio, dada la imposibilidad de asumir adecuadamente toda la carga penal por razones presupuéstales, logísticas y de disponibilidad de recursos humanos.
