Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de las tensiones que se presentan entre el derecho a la intimidad y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, como el derecho de acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la despenalización parcial del aborto en Colombia.
Para el análisis concreto de estas tensiones se retoman dos casos nacionales emblemáticos del 2012 que permiten ilustrarlas y explorar alternativas interpretativas que contribuyan a avanzar en su resolución. El primero, cuando la PGN le solicitó al Consejo Superior de la judicatura que le remitiera los nombres de las mujeres que a través de acciones de tutela habían requerido la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El segundo caso, también del año 2012, surge cuando la Procuraduría requirió investigar a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva por no denunciar un supuesto aborto clandestino. Las conclusiones principales de este texto siguen las tesis expuestas por la Corte Constitucional y profundizan en sus decisiones en torno al respeto por el derecho fundamental a la intimidad y la interrupción del embarazo dentro de las causales despenalizadas. Así, de acuerdo con los test de proporcionalidad realizados a lo largo del escrito, concluimos que sobre el deber de denuncia de los funcionarios públicos y el derecho a la información contenida en los procesos judiciales se encuentra el respeto por el derecho a la intimidad de las mujeres, su acceso a la justicia y la garantía a la IVE en las causales despenalizadas.
