Este texto intenta conciliar el deber de la Policía Nacional de preservar el orden público y garantizar la seguridad con el derecho a la intimidad.
A las personas les suele parecer normal y natural que en la calle la Policía las intercepte, las requise, les solicite documentos de identidad, les pida que se retiren de un lugar, las interrogue o las detenga de manera preventiva. Mientras que en otros países estas medidas de policía solo pueden practicarse cuando confluyen varias circunstancias y requisitos, en Colombia no existen criterios claros que guíen la labor de la Policía, que es uno de los hallazgos de esta investigación.
Este vacío normativo da lugar a que esta institución concentre su accionar en ciertos grupos poblacionales que considera peligrosos, sin ninguna evidencia empírica y únicamente sobre la base de prejuicios.
Sin embargo, esta penumbra regulatoria, como cualquier otra laguna en el derecho, puede superarse a través de la aplicación de figuras como la analogía. En este sentido, este libro rescata ciertas líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional que, de aplicarse analógicamente a las medidas de policía, alejarían dicha actividad de la arbitrariedad y la enmarcarían dentro de los límites del Estado de derecho. De esta forma, se evitarían discriminaciones e invasiones abusivas a la intimidad por parte de la Policía, que es el principal hallazgo que se desprende de la Encuesta de Policía y Desigualdad y del trabajo cualitativo realizado en este libro.
Así, este estudio recoge las diferentes acepciones que la palabra policía tiene en el ordenamiento jurídico colombiano. Igualmente, caracteriza el derecho a la intimidad y su ámbito de protección.
Adicionalmente, muestra los estándares constitucionales que deberían orientar a la actividad de policía y cómo funcionan en otros países en los que se aplican, de manera específica en Estados Unidos. Asimismo, destaca los resultados de la Encuesta de Policía y Seguridad y de la investigación cualitativa que demuestran que en Colombia la actividad de policía recae prevalentemente sobre las personas de estratos bajos y medios, los hombres, las personas que se autorreconocen como negras o indígenas y aquellas con la apariencia de alguna subcultura urbana. Por último, hace unas recomendaciones de política pública dirigidas a que la Policía cumpla con su deber de proteger el derecho a la seguridad, pero sin lesionar arbitraria y excesivamente el derecho a la intimidad.
