La nueva institución ha generado un cambio en el sistema de fuentes del derecho en Colombia, pues al darle valor especial a la jurisprudencia esta ya no es simplemente criterio auxiliar sino de obligatoria observancia por mandato del legislador, de esta forma entramos gradualmente en una doctrina intermedia entre el sistema anglosajón o del precedente judicial, y el sistema continental europeo de estricto apego a la ley.
El mecanismo que estudiaremos busca obligar a la Administración a cumplir lo establecido en las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, por considerar el legislador que cuando las autoridades administrativas desatienden esta clase de dictámenes no solo violan el principio de legalidad, sino que al mismo tiempo se convierten en agentes de la conflictividad social y jurídica, aportan a la mora y a la congestión judicial, desconocen el derecho a la igualdad, dejan de observar los principios de la función administrativa previstos en la Constitución y en las leyes que los desarrollan, incurren en faltas disciplinarias, eventualmente pueden transgredir la ley penal y quebrantan lo dispuesto en el art. 123 superior, según el cual los agentes estatales "Están al servicio del Estado y de la comunidad".
