En toda democracia la confianza en el correcto ejercicio de la actividad jurisdiccional, en el bienhechor de los magistrados, es presupuesto indispensable para alcanzar el adecuado y necesario clima de pacificación social y convivir armónico entre los conciudadanos, pues la justicia más perfectamente impartida es uno de los fines del Derecho y de todo Estado.
Bajo esa premisa, el presente trabajo está orientado a precisar el alcance del activo rol asumido por los jueces y tribunales en la resolución de conflictos ambientales; aspecto que ha logrado volcar de nuevo la confianza del pueblo como Constituyente soberano en el poder judicial, otrora entregado a los poderes al Legislativo y Ejecutivo que menoscabaron su legitimidad debido a la pérdida de liderazgo político del primero y al crecimiento desbordado de competencias del segundo.
A más de interesar al colectivo social en su conjunto, lo que se disponga en los pronunciamientos que emite la judicatura respecto de las causas ambientales desborda el exclusivo interés particular de los intervinientes. Se trata de temas de dominio público que abarcan tanto el presente como el futuro, y que envuelven un componente axiológico sin parangón donde el Juez debe actuar concillando los intereses del Derecho, el Estado y la inmensidad de garantías discutidas.
