Uno de los retos más grandes que ha tenido que enfrentar el proceso de consolidación de la democracia colombiana es saber expandir y fortalecer el carácter laico del Estado a partir de su propia trayectoria histórica y cultural.
Este proceso implica afrontar la discusión sobre el rol de la religión en los debates sociales, políticos y jurídicos contemporáneos. En general, se pueden encontrar dos extremos radicales en esta discusión.
Por una parte, todavía existen ciudadanos y actores políticos que, de manera velada, inconsciente o -incluso¬explícita, pretenden que el sistema político-jurídico colombiano se base en sus cosmovisiones religiosas, cristianas en su mayoría. Para estos ciudadanos y actores, las leyes del Estado colombiano deben ser hechas de forma tal que no contradigan los preceptos morales y teológicos de la religión mayoritaria.
Por otra parte, y en oposición a lo anterior, hay otro grupo de ciudadanos y actores políticos que, igualmente, de forma velada, implícita o explícita, no están dispuestos a admitir que algún tipo de elemento religioso haga parte de la vida pública y política de los colombianos. Esta posición parece presuponer que en una democracia a la religión no le queda otro camino diferente de su privatización, y, tal vez, su desaparición.
En términos generales, estas dos posiciones extremas del debate sobre el rol de la religión en la esfera pública configuran los contextos social y político a los que nuestra investigación quiso acercarse.
