El sistema procesal penal acusatorio y oral, instaurado en nuestro país a raíz de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, da pauta a la formulación, por parte del órgano legislativo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Esta codificación prevé la técnica jurídica o doctrina de la aplicación del derecho; tiene un contenido complejo, profundo y sustantivo al invocar temas como derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho a una justicia pronta, dignidad de la víctima y dignidad del imputado. Por ende, el procedimiento se regirá por principios como los de concentración, continuidad, contradicción, inmediación y publicidad; adosados por el de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, y derecho de prohibición de doble enjuiciamiento, todo ello bajo el respeto a los derechos de libertad personal, de defensa adecuada y de información.
La oralidad en la sala de audiencia será el puente conductor del debate entre el Ministerio Público y el Defensor, bajo la óptica de un Juez (de control o de enjuiciamiento) que tendrá en sus manos la fórmula libre y lógica para administrar justicia. Así, surgieron nuevas modalidades en el lenguaje jurídico, entre ellas: registro de investigación, carpetas digitales, producción de la prueba, consultores técnicos, incapacidad técnica del Defensor, salidas alternas, formas de terminación anticipada. Conjuntamente, aparecen otras etapas a las tradicionales, tales como la de investigación (inicial-complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y juicio (o de debate). Hay, además, un cambio de política sobre la actuación del Ministerio Público que pretende inculcarle cumpla con los deberes de lealtad, objetividad y debida diligencia con absoluto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las legislaciones aplicables a su función. Esto requiere de una gran técnica jurídica de quienes participen durante el procedimiento penal acusatorio y oral, de ahí que la finalidad de redactar el presente texto con base en preguntas y respuestas tiene la intención de hacerlo asequible en su estudio, de tal forma que tanto el estudiante de Derecho se prepare en la temática constante del interrogatorio (pregunta-respuesta), como el abogado litigante encuentre un instrumento de trabajo útil, ágil y certero para argumentar.
