Nos han enseñado que el juicio oral y público es la etapa principal del proceso penal y que se trata de un presupuesto Ineludible para el dictado de una sentencia válida. También nos han explicado que se trata del momento procesal que brinda a los distintos sujetos que intervienen en él las mejores condiciones para que ejerzan con mayor efioacia todos los derechos y poderes que la ley les concede.
Sin embargo, en los modelos inquisitivos reformados, como el todavía vigente a nivel nacional y en la mayor parte de la justicia federal, el culto al expediente y su ritual, sumada a las prácticas de los operadores del sistema, generaron que este objeto fetiche judicial tomara el centro del proceso, relegando al juicio al triste papel de ser una reiteración, muchas veces por lectura, de la instrucción.
La transformación en la forma en que se gestionan los casos en los sistemas acusatorio-adversarial tiene una Importante repercusión en el debate que adquiere definitivamente el carácter de etapa principal. Es que, en estos modelo, la desaparición del expediente obliga a cambiar la forma en la que las partes llevan adelante toda su actividad en ese momento procesal de modo tal que se requiere un nuevo abordaje de los distintos Institutos.
