La implementación de plataformas digitales y sofisticados programas de software por las Administraciones públicas ha culminado por acaparar los momentos del procedimiento administrativo, al punto de predisponer la emisión del acto conclusivo bajo modalidad automática, es decir, sin intervención humana.
Pero la automatización del procedimiento exige afrontar una serie de cuestiones que en el marco del derecho administrativo asumen un significado peculiar, porque al comprometer el modo tradicional de gestionar la cosa pública, tensiona principios y categorías consolidadas de su régimen jurídico.
En el intento de racionalizar las decisiones administrativas mediante algoritmos -apoyado en un exhaustivo análisis de derecho comparado-, el autor se interroga sobre si es posible calificarlas como actos administrativos a partir de la confrontación de sus contornos con las principales parcelas del ordenamiento vigente.
