La presente obra se orienta a analizar las expresiones más cruentas de la violencia institucional: la tortura y los delitos cometidos por funcionarios públicos contra personas privadas de libertad. Estas prácticas, desplegadas en el pasado como mecanismos de indagación procesal o sanción penal legalizadas, hoy lamentablemente persisten como parte de las lógicas del funcionamiento ilícito de los sistemas penales. Pero no sólo encuentran enraizamiento cultural en concepciones discriminatorias y estigmatizantes que son frecuentemente explotadas por discursos demagógicos, sino que tienden a ser minimizadas o inmunizadasjudicialmente.
Ante este panorama, este trabajo focaliza en las formas jurídicas con las que se identifica, define y castiga a esas expresiones de violencia estatal ilegítima y denigratoria. Desde esta perspectiva, se pretende adoptar una forma de abordaje que, a la vez que describa panorámicamente el fenómeno en su multidimensionalidad, intente ofrecer soluciones interpretativas concretas para quienes lo investigan, juzgan y sancionan en el campo de la justicia penal.
Partiendo del sólido andamiaje normativo proveniente del derecho internacional de los derechos humanos, se analizan las figuras legales contempladas en los artículos 143 a 144 quinto del Código Penal Argentino, incluyendo la reciente construcción progresiva de criterios jurisprudenciales en la materia y la fenomenología empírica de esas prácticas, que atentan contra la dignidad humana y el Estado Constitucional de Derecho.
