La interpretación de los delitos patrimoniales suscita una serie de problemas específicos. Distinto a lo que sucede en los delitos contra bienes personalísimos -como por ejemplo homicidio, lesiones o secuestro-, estos delitos no protegen el patrimonio completamente: por una parte, aseguran sólo determinados derechos patrimoniales -por ejemplo, la propiedad- y, por otra, sancionan sólo determinadas formas de lesión -por ejemplo, las que se realizan mediante engaño, coacción o abuso de una relación de confianza-.
Además de ello, los delitos patrimoniales no se encuentran en un contexto sistemático, sino que, por el contrario, proceden de épocas distintas del desarrollo del Derecho y frecuentemente sin un origen jurídico patrimonial, como es el caso, por ejemplo, de la estafa, cuya procedencia se vincula a los delitos documentarios y testimoniales. En este sentido, no debe sorprender que en la aplicación de los delitos del Derecho penal patrimonial se presenten, por un lado, intersecciones y, por el otro, vacíos legales importantes. La tarea que se le presenta a la dogmática en este contexto consiste en elaborar dentro de los límites de una interpretación constitucionalmente permitida modelos de un Derecho penal patrimonial lo más coherente posible.
La tarea de la dogmática va, sin embargo, más allá de una sistematización de las leyes existentes en un país determinado en algún momento histórico. Todos los delitos de la parte especial son también una concreción de las reglas de la parte general, detrás de las cuales se encuentran principios jurídicos de carácter teórico y filosófico reconocidos en muchas culturas jurídicas.
