La obra que presento ahora al lector tiene un título convencional. Me temo, sin embargo, que refleja con justeza la actual realidad de la política criminal en, al menos, todo el mundo occidental. El crepúsculo del siglo XX ha venido acompañado de dos fenómenos simultáneos, pero probablemente contrapuestos:
Por un lado, la consolidación, en gran número de países pertenecientes al llamado "derecho penal continental", de un sistema de exigencia de responsabilidad con unas altas cotas de precisión y seguridad jurídica. Este sistema ha conseguido acceder a la mayoría de los códigos penales, y en ciertos ordenamientos se ha incorporado, incluso, a la práctica jurisdiccional de un modo significativo.
Por otro lado, los principios que sirven de fundamento a ese sistema están siendo sometidos a una crítica feroz por muy diversas instancias sociales, las cuales no se sienten obligadas a mantener el delicado equilibrio que el citado sistema procura entre las necesidades de protección social y el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos delincuentes, reales o presuntos.