Una adecuada interpretación del Estado a los fines de la protección penal traslada su conceptualización a los tres poderes que lo integran (Gobierno y organismos centralizados y descentralizados que forman parte del mismo, sea en el orden nacional, provincial o municipal). Con ello, todo organismo que desempeña funciones públicas, sea bajo la forma de actos de autoridad o de gestión, forma parte de la denominada "Administración Pública" (sea centralizada o a través de sus organismos descentralizados u otros con participación y decisión estatal mayoritaria). La razón de esta protección reconoce sus principios y etiología en la conservación del sistema republicano y sus instituciones.
